Sábado, 04 Sep 2010
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Frente a las acusaciones sin pruebas, la persecución y la desinformación, es necesario establecer la verdad sobre las acusaciones sin fundamento legal que se hacen en Ecuador a los hermanos Roberto y Williams Isaías Dassum en el caso Filanbanco.

Este sitio tiene como objetivo principal presentar la verdad del caso Filanbanco de manera informativa y veraz a la comunidad ecuatoriana e internacional, sobre la realidad de los hechos relacionados con este caso.

 

 
La verdad sobre el caso Filanbanco
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En diciembre de 1998, se convino la entrega de Filanbanco a la estatal Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). El banco fue entregado al Estado operando normalmente en todo el territorio ecuatoriano.

 

En mayo de 1999, apenas seis meses después que fuera entregado a la AGD, el banco había fortalecido sus depósitos y sus activos eran iguales a lo que su balance mostraba al momento de su entrega. Incluso, había producido cien millones de dólares de utilidades. El año 1999 fue muy duro para la banca ecuatoriana; quebraron y cerraron 20 bancos, entre ellos varios de los más grandes. Ante esta situación, se decide usar a Filanbanco para rescatar a otros bancos con operaciones de crédito y como resultado, la situación financiera de la institución, en manos de la AGD, se deteriora irreversiblemente. En abril del 2001, Filanbanco es traspasado al Ministerio de Finanzas, bajo cuya administración se va a la quiebra y cierra sus puertas en julio de 2001.

 

En ese momento y sin base legal alguna, se inicia una investigación penal por supuesto peculado contra los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, los principales accionistas de la institución financiera antes de su traspaso al Estado, en la que hasta ahora, y después de docenas de reportes de peritos, inspecciones e informes, no se ha emitido un fallo ni se han encontrado elementos que sustenten una acusación.

 

Actualmente los hermanos Roberto y William Isaías Dassum enfrentan una persecución política. Sin fundamento jurídico y en una maniobra inconstitucional, el Estado les confiscó su patrimonio empresarial el 8 de julio de 2008, “para recuperar la supuesta pérdida de Filanbanco”, el que cerró y quebró en manos del Estado ecuatoriano en el año 2001.